El Coreper (Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea) ha dado su respaldo a la estrategia de Open Data en la Comunidad Europea. Esta propuesta, enmarcada dentro de la Agenda Digital, permitiría que toda la información generalmente accesible del sector público (es decir, toda aquella que no sea personal) estuviese disponible para ser reutilizada.
De este modo, según las estimaciones de la Comisión Europea, se podrían aportar a la economía de la UE unos dividendos de unos 40.000 millones de euros al año. En opinión de este organismo, las administraciones públicas europeas "tienen una auténtica mina de oro de potencial económico sin aprovechar".
No toda esta información se desaprovecha, pues hay iniciativas interesantes de Open Data en la Comunidad Europea, pero en general la tónica es no sacar todo el partido posible de los datos abiertos. Afortunadamente, esto podría cambiar pronto, aunque todavía es necesario que el Parlamento Europeo apruebe de forma oficial esta normativa.
Desarrolladores, programadores, negocios y ciudadanos podrán obtener y reutilizar datos del sector público a un coste inexistente o muy bajo en la mayoría de los casos.
Además, con esta medida se facilitará el acceso a otro tipo de contenido, como los materiales que se pueden encontrar en museos, bibliotecas y archivos nacionales. En opinión de Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión a cargo de la Agenda Digital, abrir estos datos "significa abrir oportunidades de negocio, crear trabajos y construir comunidades".
Datos disponibles y propuestas
Pero, ¿a qué se refiere exactamente la Comisión cuando habla de Open Data? A grandes rasgos, y según recogen en una nota de prensa, a "los datos no personales producidos, almacenados y recogidos por cuerpos del sector público". Es decir, información que, en apariencia, puede no parecer tener ningún uso, pero que, como ya ha quedado demostrado, en la práctica, es básico. Es más, según diversos estudios, el acceso puede llegar a suponer un incremento de la actividad económica de miles de millones de euros al año.
En cuanto a las propuestas, tal vez la más destacable sea la de crear "un auténtico derecho" a reutilizar la información pública. Asimismo, como hemos visto, se pretende expandir la información a la disponible en museos, bibliotecas y archivos. Los datos deberán estar en formatos de uso común y ser legibles.
Por otro lado, se regulará el precio máximo que se podrá poner al acceso a estos datos, que nunca será mayor que "el coste marginal de reproducción, suministro y difusión" de dicha información. En casos excepcionales se podrá cobrar el coste completo de la recuperación, aunque, a efectos prácticos, la mayoría de los datos se facilitará de forma gratuita o a un precio muy bajo. También se obligará a los estados a que sean más transparentes en este sentido.
La propuesta todavía ha de ser aprobada por el Parlamento, pero, en principio, esto es un paso meramente burocrático. No obstante, esto no significa necesariamente que estemos cerca de ver un futuro Open Data en la Comunidad Europea. Para ello es necesario que los estados comprendan la importancia que tiene el acceso a los datos abiertos y se esfuercen por facilitarlo. Hasta entonces, estas propuestas están condenadas a no ser más que buenas intenciones.
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