Las claves sobre la despenalización de la violencia doméstica en Rusia

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Cómo y por qué ha llegado a aprobarse en primera lectura la nueva ley del Parlamento ruso y qué opinan los rusos al respecto.

                    
Un proyecto de ley para despenalizar la violencia doméstica ha pasado su primera lectura en el Parlamento ruso. 368 legisladores votaron a favor de la ley, un diputado votó en contra y otro se abstuvo de votar. El citado documento pretende que las “peleas dentro de la familia” dejen de juzgarse por el código penal convirtiéndolo en un "delito civil". Si el texto se aprueba, la ley recogerá el pegar dentro de la familia: a la mujer, al marido y también a los hijos, como recoge el pegar a cualquier ciudadano por la calle, como una falta administrativa.

Las acusaciones sólo serían consideradas criminales en caso de que fueran reiterativas, es decir, que se repitan. En este caso, se ha puesto la repetición en más de una vez al año. El primer caso de violencia, por tanto, como delito civil, se pagaría con una multa de 500 euros, un arresto de 10 a 15 días o hasta con 120 horas de trabajo social. Las siguientes veces, si hubieren, pasarán a juzgarse como se ha hecho hasta ahora, con el código penal. Además, la justicia no actuará de oficio, sino que las víctimas deberán reunir ellas mismas todas las pruebas y acudir por su propia decisión a los tribunales.

Según un estudio publicado por el Centro Nacional para la Prevención de la Violencia (ANNA), anualmente unas 36.000 mujeres son víctimas de violencia doméstica en Rusia

Y en plena entrada del 2017, el momento de oro de la lucha feminista, esto es confuso y crea una comprensible revuelta. Estamos en un momento de la historia en el que la mayoría de las naciones trabajan por moverse en pro de la igualdad y en contra de la violencia, y esta decisión parece ir totalmente en contra del resto del mundo. Para colmo, la prensa internacional ha traducido que los rusos quieren que no sea delito pegar a las mujeres. Otros tantos que no es tan grave como puede parecer y que sólo quieren diferenciar entre una pelea y un maltrato real. Los que quedan le echan la culpa directamente a la Iglesia ortodoxa rusa, que apoya esta iniciativa, por influenciar la política del país. Pero nadie se ha preguntado cómo esa ley ha llegado ahí.

Debajo de todo esto están los datos:

• Según estadísticas del Gobierno ruso, el 40 por ciento de todos los crímenes violentos se cometen dentro de la familia. Las cifras se correlacionan con 36.000 mujeres siendo golpeadas por sus compañeros todos los días y 26.000 niños golpeados por sus padres cada año.

• La fundadora del movimiento civil "Stop violencia" Alena Popova está reuniendo firmas civiles para revocar ese proyecto de ley. Además de ella, varios grupos activistas están en contra.

• Es un hecho que si se consagra el cambio legal, Rusia pasará a ser el país con la legislación más laxa de Europa en la materia.

• Las autoras del texto son la senadora Yelena Mizúlina, principal valedora del proyecto, y la diputada Olga Batálina, ambas del partido conservador de Putin. En ningún caso se ha preguntado a la población qué quiere.

Bien, ¿cómo ha llegado esto tan lejos? El proyecto de ley fue encabezado por la legisladora ultraconservadora rusa Yelena Mizulina, conocida por ejercer con éxito la controversial ley de "propaganda gay" de Rusia, que prohíbe la distribución de "propaganda sobre relaciones sexuales no tradicionales".

Mizulina entró en escena con este proyecto en julio de 2016, intentando que se aprobara esta misma ley, aprovechando cuando el presidente Vladimir Putin despenalizó las agresiones en el hogar siempre que no causaran lesiones corporales. Mizulina, en ese entonces, expresó su preocupación de que unos padres podrían “enfrentarse a un proceso penal si a su hijo le encontraban “cortes o contusiones” y ha calificado como "anti-familia" la decisión de definir las peleas dentro del seno familiar como “algo serio”, afirmando que la ley socava el "derecho" de los padres a educar a sus hijos.

Para comprender cómo esta política ha logrado que cuaje su argumento en todo el Parlamento, es necesario entender la actual ley rusa. En estos momentos, en Rusia, cualquier tipo de violencia dentro de la familia —mientras deje marcas— se considera delito penal y acarrea penas de cárcel. El año pasado, se introdujo el concepto de “allegados” al artículo del código criminal que recoge las agresiones en una enmienda, supervisada por el propio presidente Vladimir Putin, y ahora ese grupo incluye a hijos, esposa, hermanos y otros parientes —como abuelos o primos—. Pegarles se volvió condenable con hasta dos años de prisión. Tampoco hace falta que la propia familia te denuncie, la justicia puede entrar por su mano.

Esto quiere decir, en esencia, que se pueden dar casos extremos de que una madre termine en prisión por dar una nalgada a su hijo si alguien por la calle decide avisar de que ocurrió y al niño le queda marca. Es más, podría pasar entre dos primos o dos hermanos. En cambio, esa misma agresión dada a un extraño supone una falta administrativa, sin prisión. Y así, agarrándose de esos casos extremos, cuestionables en todo caso pues hay muchas formas de educar y debatir sin maltrato aunque hablemos de la sociedad rusa, es como ha convencido al Parlamento con tal mayoría de votos su propuesta de ley, aún si viene de manos de una ultraconservadora como ella y aún si no va a ayudar en lo absoluto a las actuales víctimas de maltrato doméstico. En esencia, el argumento que se ha vendido, en propias palabras de la política es: “No queremos que vaya gente a prisión por dos años y se le ponga la etiqueta de criminal por el resto de su vida por un bofetón”.

"Los castigos [legales] no pueden contradecir el sistema de valores que la sociedad mantiene”. Así abrió su discurso el miércoles en la votación parlamentaria. "En la cultura familiar tradicional rusa, las relaciones entre padres e hijos se basan en la autoridad de los padres. Las leyes deben apoyar esa tradición familiar".

Por supuesto, como decíamos, la decisión provocó una indignación de los activistas, tanto los que defienden los derechos de las mujeres como los de los niños, que creen que la nueva legislación hará que las víctimas de violencia doméstica sean aún más vulnerables sea o no esta la intención. Pero los verdaderos afectados, incomprendidos y en medio, son los ciudadanos rusos y hemos querido preguntar a uno de ellos qué cree, ya que el Parlamento no lo ha hecho:

“Estoy estudiando Geoinformática en Alemania ahora, pero soy ruso y mi familia es rusa también. Sobre los artículos periodísticos, mi opinión aquí es que nunca se debe creer a nadie sin tratar de entender todos los puntos del tema. Los rusos no somos lo que la prensa dice. Al estar viviendo en Alemania estoy experimentando discrepancias todos los días. Está la televisión y prensa impresa alemana, por otro lado la internacional y también leo la prensa rusa, y tengo que decidir cada día, leyendo información diferente, sobre qué podría ser verdad y qué no.

Yelena Borisovna Mizulina es la que está tratando de hacer que esta ley suceda. Sí, la ley existe, pero no está activa todavía [la cámara debe votar de nuevo], y ya hay reacciones contrarias contra ella. Por ejemplo, hay una petición de Alena Popova para cerrar el proyecto de Mizulina completamente. Alena ya ha reunido más de 175.000 firmas en pocos días.

Tienen que entender que, bueno, ella [Mizulina] es una mujer de 62 años de edad. Es la misma mujer que ya logró prohibir la adopción de niños de los EE.UU. y está en contra de la homosexualidad. Supongo que estos políticos se llaman "conservadores" ¿no? Ella es muy conservadora. Su creencia es que la educación rusa se basa en el respeto a unas reglas bastante fuertes que cada ruso debe tratar de cumplir. Pero sus ideas no nos representan a todos”.

Según ha reportado El País, "el 44% de los rusos rechazan el cambio legal que saca la violencia doméstica del Código Penal y lo reduce a una infracción administrativa", según una encuesta realizada por el Fondo de Opinión Pública. "Los que apoyan la nueva ley alcanzan el 23%", según el sondeo realizado a propósito de la iniciativa presentada el noviembre pasado por un grupo de diputados.

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