Ciudadanos y Compromís piden explicaciones al Gobierno por los contratos predoctorales

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Ciudadanos y Compromís piden explicaciones al Gobierno por los contratos predoctorales
  • Las formaciones piden la comparecencia en el Congreso de varios ministros.
  • El cambio en los contratos predoctorales ha afectado a más de 10.000 investigadores, según Comisiones Obreras.

Las formaciones de Albert Rivera y Joan Baldoví han solicitado la comparecencia en el Congreso de los ministros de Educación y Empleo para que den explicaciones sobre el cambio en los contratos predoctorales. Ciudadanos y Compromís se unen de este modo a la petición realizada la semana pasada por el PSOE. Los tres partidos quieren que el Ejecutivo explique el porqué de la medida, así como el posible impacto sobre las condiciones laborales de los investigadores.

Como adelantó Hipertextual, el Gobierno cambió el código de los contratos predoctorales firmados desde 2014 sin aviso y de forma retroactiva. La medida, según el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social responde a un "tema interno" que solo tiene efectos administrativos. La modificación de la nomenclatura se llevó a cabo en octubre de 2015 después de que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas hiciese una consulta al respecto.

Abogados laboralistas consultados por Hipertextual consideran que la actuación es ilegal ya que podría suponer una novación o alteración en los contratos predoctorales. El efecto más importante, según estos juristas, sería la pérdida del derecho a la indemnización, una vez que los investigadores finalizasen su contrato. No obstante, la opinión no es unánime.

Otros expertos en Derecho del Trabajo consultados por este medio afirman que los contratos predoctorales no tienen indemnización por su "carácter formativo". Sin embargo, los contratos realizados por las universidades y organismos públicos de investigación como el CSIC son muy diferentes, y algunos podrían ser considerados en fraude de ley. Si los afectados finalmente demandaran y el conflicto llegase a los tribunales, sería un juez el que tendría que resolver la situación. Miles de investigadores siguen sumidos en la perplejidad y la incertidumbre ante la situación creada.



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