El voto a favor del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, así como la abstención de la mayoría de socialistas ha permitido la investidura de Mariano Rajoy.
Desde el 21 de diciembre de 2015, España contaba con un Gobierno en funciones. Esta situación de interinidad está a punto de terminar dado que Mariano Rajoy acaba de ser investido presidente del Gobierno, 314 días después. El líder del Partido Popular ha obtenido la confianza de la Cámara en segunda votación, como ya le ocurriera a Leopoldo Calvo Sotelo y a José Luis Rodríguez Zapatero y después de las otras dos investiduras fallidas, protagonizadas por el propio Rajoy y Pedro Sánchez. La dimisión del secretario general del PSOE, que hoy ha renunciado a su acta de diputado, precipitó el cambio de posición de los socialistas que, salvo excepciones, se han abstenido para facilitar la investidura.
Rajoy ha sido apoyado además por los diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canarias; mientras que el resto de formaciones del Congreso de los Diputados han votado en contra. Tras su investidura, el rey nombrará presidente del Gobierno a Mariano Rajoy, tal y como estipula el artículo 99 de la Constitución. El Boletín Oficial del Estado publicará el Real Decreto de nombramiento y, a partir de ahí, el presidente podrá proponer al jefe del Estado la conformación del Ejecutivo, algo que ocurrirá a partir de mañana domingo 30 de octubre.
La investidura de Rajoy termina con la situación de anormalidad política en la que llevaba España desde hace casi once meses. Sin embargo, el Partido Popular no lo tendrá fácil para gobernar durante esta legislatura. La situación de mayoría simple en la que se encuentra en el Congreso de los Diputados complicará la tramitación de muchas leyes, por lo que la legislatura podría ser más corta de lo normal y, sin duda, el Congreso recuperará buena parte del protagonismo perdido.
El Ejecutivo, no obstante, puede contar con herramientas como el control sobre las normas que supongan un aumento de gasto presupuestario, el monopolio de presentación de los Presupuestos Generales del Estado o la potestad legislativa en situación de urgente necesidad a través de los Decretos-ley. La prueba de fuego para el presidente recién investido será, sin duda, la elaboración de los presupuestos del año que viene, donde deberá realizar recortes por encima de los 5.500 millones de euros por orden de Bruselas.
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